Joan Llinares: "La publicidad institucional es una forma de presionar"

VALÈNCIA. La Unió de Periodistes Valencians y la Agencia Valenciana Antifraude han organizado un seminario web sobre 'El papel de los medios de comunicación ante la corrupción'. Será este lunes 24 de enero a las 18.30 horas. Para hablar de ello y de otros asuntos, hablamos en 99.9 Plaza Radio, con Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

"Los medios tienen la función de controlar el poder, antes era más complicado por la propia crisis económica que afectaba a las empresas, pero se fue cambiando la actitud ante la corrupción desde muchos ámbitos, entre ellos en los medios", explica Llinares.

Con todos los intereses que hay en juego, con grupos mediáticos que son regados de millones por las Administraciones, tanto por el Gobierno central como el de la Generalitat y el Ayuntamiento de València, hay quien pone en duda la supuesta labor de vigilancia, de supervisión que tienen que hacer los medios ante el poder político. "Hay muchas formas de contratar, la publicidad institucional es una forma de presionar, de beneficiar a uno y perjudicar a otros, porque no puedo hablar de expedientes abiertos pero es un tema que nos preocupa", advierte Llinares.

El pasado 12 de enero nos visitaba el Sindic de Comptes, Vicent Cucarella, y de entre todos los asuntos que tratamos mostraba su preocupación por los expedientes de enriquecimiento injusto. Situación que se produce cuando hay contratos que se sabe desde hace años que vencen en una determinada fecha y se van agotando las prórrogas, por lo tanto no se licitan y se mantiene el servicio sin contrato, y es un perjuicio para otras empresas que podrían optar al servicio. Son muchos y eso parece un problema estructural. "Para nosotros, el enriquecimiento injusto es la antesala de la corrupción, estás pagando lo que se deriva de esas prórrogas, que nada tiene que ver con el precio del mercado actual, estás pagando más de lo que se debería, los ciudadanos, de nuestros impuestos, estamos pagando a empresas que no han concurrido en la competitividad que es lo que obliga la norma, en 2021 se aprobaron por este procedimiento, centenares de millones de euros, se abusa, no por maldad sino porque no se la importancia la planificación".

En ese sentido caminamos hacia la mejora, por ejemplo, ahora, el ministerio de Hacienda ha ordenado a las administraciones públicas que quieran recibir los fondos europeos tienen que dotarse de sus planes antifraude y muchos nos preguntan cómo se hace eso, y es una vergüenza. Esto no debería formar parte de las dudas que no tienen resueltas, deberían estar hechos como los plantes de prevención de riesgos laborales. Llevamos cuatro años dando recomendaciones. Algunos no se han enterado todavía. Los responsables si no llegan van a ser los que no tienen esos planes antifraude.

Muchos de sus informes de la Agencia acaban en recomendaciones a las instituciones, que en algunos casos,  como, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de València se ha negado a seguirlas. "La Agencia comunica sus investigaciones, y esto no acaba ahí, hay expedientes que terminan en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, también, y los responsables políticos tendrán que tomar sus decisiones, lo que está claro es que la ciudadanía tiene una información que antes no tenía y eso es gracias, en buena parte, a la actuación de la Agencia".