El Debate Imposible
VALÈNCIA. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha pedido a la Conselleria de Obras Públicas, que dirige la también socialista Rebeca Torró, un cambio en la ley de carreteras para que se pueda sancionar tanto a los clientes que adquieran servicios sexuales como a los proxenetas. Bravo ha señalado además, que los requisitos que exige el Código Penal para castigar a los proxenetas hacen que la víctima tenga que demostrar la vulnerabilidad a la que está sometida.
La solicitud, realizada en el marco del Foro Feminista “Propuestas Ordenanza Prostitución”, pretende modificar varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 de forma que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica.
En el foro también ha participado Sandra Gómez, vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, quien ha insistido en que la prostitución no puede ser regulada como un trabajo cualquiera.