VALÈNCIA. El compromiso del Ejecutivo de abordar la reforma de la financiación antes de fin de año con la presentación del 'esqueleto' se viene difuminando por las declaraciones de los propios miembros del Gobierno. De hecho, la vicepresidenta primera , Nadia Calviño, aseguró la semana pasada, en València, es decir, en territorio infrafinanciado, que el de la financiación es "un tema muy complejo" que confía en que se solucione en "los próximos años", pero que ahora su "prioridad" es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Horas después intentó arreglar el golpetazo que había dado pero ya era tarde. El nuevo baño de realidad no viene sino a confirmar, que 'esto es lo que hay' que suscribiría el presidente del Valencia CF, Anil Murthy.
Sobre esa reforma de la financiación, Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, ha asegurado, este lunes, en Plaza Radio que lo que dijo Calviño viene a reflejar la realidad de la situación. "La financiación no se va a poder arreglar hasta que haya una mayoría absoluta en el Congreso, Si somos incapaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial, como para inventarnos una nueva Ley de Financiación. Podemos hablar de lo que sea, pero mientras se haga tacticismo de esto no se podrá hacer nada, es que ni siquiera hace falta hacer manifestaciones".
En cuanto a la extinción de la empresa pública Divalterra, Gaspar ha querido recordar que ese anuncio se produjo desde que entró como presidente de la Diputación, y que lo que ocurrió en marzo fue, simplemente, que se daba por iniciado el proceso de disolución.
Gaspar se ha mostrado durante toda la entrevista hastíado de la judicialización de la política, en general, y en concreto con los últimos acontecimientos derivados de la variante de Pedralba.
De hecho hay una querella que el Partido Popular del municipio contra la secretaria autonómica Paula Tuzón y contra Gaspar. Según el consistorio, ambos habrían incurrido en delitos de prevaricación.
Tuzón por haber actuado "por voluntad o intereses particulares", al haber lanzado diversas maniobras para "impedir" la construcción de la carretera tal y como se había proyectado en el inicio. En el caso de Gaspar la prevaricación sería por omisión, al estar retrasando la Diputación la construcción de la vía a pesar de no existir ningún impedimento legal.
Por el momento, el juzgado ha abierto diligencias sobre el caso para averiguar qué es lo que ha sucedido, aunque todavía no ha apuntado a ninguna de las dos personas señaladas por el Partido Popular, "Es lo de siempre, ya tienen sus titulares y sus cosas. En fin. En cuanto a la variante, por mí, estaría ejecutada, pero la conselleria de Medio Ambiente decide que no, ahí empieza el 'bombardeo' legal, yo haré lo que digan los informes".